1. La Audiencia Provincial de Almería ha anunciado la celebración del juicio oral por la desaparición y asesinato del niño Gabriel Cruz Ramírez entre los días 9 y 18 de septiembre. Serán, pues, 9 días de sesiones con Jurado popular y, en principio, a puerta abierta.

2. La gran demanda planteada por los medios de comunicación de ámbito nacional -e incluso internacional- ha llevado a la Audiencia almeriense a disponer de una sala de prensa dotada con 50 puestos para el seguimiento en directo del juicio.

3.- Los padres de Gabriel, Patricia y Ángel, conscientes del enorme interés mediático suscitado por el juicio y preocupados por que vuelvan a repetirse tratamientos lesivos para con la imagen y la memoria de su hijo como los que se produjeron durante su desaparición y tras la detención de su presunta asesina, han hecho un llamamiento general a la contención en la cobertura informativa. De forma expresa llaman la atención sobre la divulgación o filtración de los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de su intimidad y privacidad. Los padres de Gabriel esperan de la jueza la adopción de medidas de protección en los contenidos más sensibles.

4. Paralelamente, los padres de Gabriel se han dirigido a diversas instituciones -entre ellas, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD global- mediante un escrito exhaustivamente documentado, en demanda de amparo ante las amenazas que la cita judicial comporta para sus derechos fundamentales y como víctimas de delitos violentos y en particular, el respeto a la imagen y memoria de su hijo fallecido y de la intimidad, el honor e integridad de su familia.

Los organismos e instituciones firmantes, atendiendo a la expresa petición arriba mencionada, entienden necesario promover una amplia convocatoria entre las instituciones, entidades profesionales y empresas relacionadas con el ámbito mediático a fin de contrastar, debatir y consensuar posibles iniciativas que den la mejor respuesta posible al amparo solicitado por la familia Cruz Ramírez y puedan servir de pauta en situaciones similares futuras.

En esa perspectiva, y como aportación inicial, ponemos a disposición de todos la “Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo de las desapariciones” que editó la fundación en Madrid en torno al caso de Diana Quer.

Por su parte, el CAA considera de especial interés el Informe elaborado por su Oficina de Defensa de la Audiencia en torno al tratamiento de la desaparición del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018 – citado expresamente por la familia Cruz Ramírez en su escrito de referencia- y que también ofrecemos como documentación. Y las recomendaciones aprobadas en pleno del 4 de septiembre. Asimismo, los comunicados en el mismo sentido de las Asociaciones de jueces, de fecha 26 de agosto, de Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) del 29 del mismo mes, y del Colegio profesional de Periodistas de Andalucía del 28 de agosto.

Sobre todas esas premisas creemos que debe sustentarse un PACTO ÉTICO acerca de la cobertura informativa en los medios de comunicación que haga realidad la conciliación entre el Derecho a la Información y los Derechos de las Víctimas.

La aplicación de este Pacto Ético tiene como objetivo no menoscabar ninguno de los derechos que convergen en el inminente juicio de Almería, y, en cambio, revalidar dos premisas:
1) Que las informaciones no añadan dolor al dolor de la familia de Gabriel.
(Concretamente, el documento elaborado por los padres de Gabriel plantea: Evitar realizar informaciones relativas a los informes forenses que se le practicaron, que puedan dañar su imagen antes de marchar y ocasionen un perjuicio y dolor enorme a sus seres queridos. No nos negamos a que se informe, dicen, sólo demandamos ser cuidadosos con la imagen de un menor.
Realizar un uso responsable y respetuoso de su imagen, no olviden que es un menor, evitando, como hace referencia el informe del CAA, un tratamiento sensacionalista y morboso que atienda a intereses diferentes).
2) Que no se produzcan interferencias que pudieran cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías.
Las entidades firmantes recuerdan también que se trata de un esfuerzo colectivo que no debe recaer solo en los medios informativos, sino que afecta al conjunto de la sociedad, por lo que este pacto ético es también una llamada a la responsabilidad y solidaridad de la propia comunidad andaluza y de la sociedad española en su conjunto. Las entidades resaltan, así mismo, la necesidad de un juicio abierto y transparente.
Las entidades que suscriben este pacto recuerdan además que es un Pacto abierto a todas las entidades del ámbito de la comunicación y de la sociedad civil que deseen adherirse al mismo.

Suscriben este pacto, por orden alfabético:
– Asociación de Periodistas- Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL)
– Asociación de la Prensa de Huelva
– Asociación de la Prensa de Málaga y la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga
– Asociación de la Prensa de Sevilla
– Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía
– Consejo Audiovisual de Andalucía
– Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga
– Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
– Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
– Federación de Sindicatos de Periodistas
– Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD global
– Sindicato de Periodistas de Andalucía