“La sensación que tengo es de una rabia inmensa. Vivimos en un estado policial encubierto.” Así se expresa Esther Yáñez, periodista de “Diario Vice”, un programa de reportajes de Canal#0, apenas 48 horas después de recibir una notificación de multa de 601 euros por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid. La sanción administrativa “por infracción grave” se ampara en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, de cuya entrada en vigor se cumple un año este 1 de julio. El pasado 27 de abril, Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”, explica la periodista a Reporteros Sin Fronteras.
Dos meses después, Esther Yáñez ha sido oficialmente sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse. “Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos. ¿O es que preguntar también es un delito?”, se cuestiona la víctima periodística más reciente de la “Ley Mordaza”.
40.000 sanciones en siete meses
Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad -tipificados como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana- se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior. Un año después de la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” y de la reforma en paralelo del Código Penal, el balance no puede ser más alarmante para los ciudadanos españoles, ni más lucrativo para el Estado: solo entre el 1 de julio de 2015 y finales de enero de 2016, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha saldado con cerca de 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por “desobediencia y resistencia a la autoridad”. Casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden. Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito.
Rechazada en mayor o menor medida por todas las formaciones políticas españolas con excepción de su promotor, el Partido Popular y denunciada desde el primer momento por Reporteros Sin Fronteras, La “Ley Mordaza” no solo ha caído con todo su peso sobre los ciudadanos de a pie, principales víctimas de las arbitrarias sanciones que contempla, sino también sobre uno de sus principales objetivos: los profesionales de los medios de comunicación. Si situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar “colega” a un agente, le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión.
El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista “Argia” compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007. Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza”. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”. La aplicación de la ley se fundamentó en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”.
Rechazo institucional en Euskadi y Navarra
Lejos de amedrentarse por la multa, Axier López no solo no ha procedido a liquidar la sanción, sino que, amparado en todo momento por el medio en el que trabaja, se ha transformado en uno de los periodistas más activos en contra de la “Ley Mordaza”, con importantes resultados. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, a mediados de abril, una declaración de condena a la normativa y respaldo al semanario “Argia”, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara, a excepción del PP, que votó en contra y de UPN, que se abstuvo. Más recientemente, a principios de junio, las Juntas Generales de Guipúzcoa, con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Podemos, se comprometieron a no aplicar la normativa en la provincia, en lo que constituye el primer acto formal de desobediencia a la “Ley Mordaza”. ¿Se trasladará esta voluntad de desacato institucional a las fuerzas de seguridad en Guipúzcoa? “Es el quid de la cuestión”, responde Axier López a Reporteros Sin Fronteras, “saber si los distintos cuerpos de policía respetarán la decisión o seguirán sancionando. Al menos, estamos satisfechos porque contamos con tres compromisos claros: un rechazo público contundente a la Ley Mordaza, la solidaridad con los afectados si se produjeran nuevos casos y la voluntad clara de no aplicar la ley en Guipúzcoa”, añade el periodista.
El respaldo del medio de comunicación en el que trabaja el informador resulta clave en el modo en que éste afronta la difícil situación de sancionado. Axier López cuenta con la suerte de una cabecera que le ampara y que está dispuesta a llegar a juicio para tratar de poner freno a una de las normas más controvertidas de la Ley de Seguridad Ciudadana: el artículo 52, que concede “valor probatorio a las declaraciones de los agentes de seguridad”, es decir, que confiere a las fuerzas del orden todo el poder para acusar, sin la necesidad de que un magistrado intervenga y decida independientemente, en virtud de las pruebas que le son presentadas. “No estoy dispuesto a ceder hasta que no haya un juez de por medio”, dice López.