La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) elabora un documento base ante la crítica situación del empleo de los periodistas, que suscribe y asume la Asociación de la Prensa de Sevilla.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ante la crítica situación del empleo de los periodistas, ha elaborado un documento base sobre «Propuestas para un Plan de Ayudas a los Medios de Comunicación». Tras un periodo de varios meses de análisis y reflexión, la FAPE ha recogido el sentir del medio centenar de asociaciones federadas, de sus asociaciones sectoriales vinculadas y de los propios periodistas asociados y solicita un Plan de Ayudas a la reestructuración de un sector que es esencial para garantizar la calidad de la democracia y el futuro de la sociedad española. Este documento es ya la base para las siguientes conversaciones que se mantengan con el gobierno central y con las  diferentes  administraciones. La Asociación de la Prensa de Sevilla, asume todo su contenido y va a remitir copia a los directores de los medios de comunicación de Sevilla y a responsables de las administraciones y poderes públicos. 

Propuestas para un Plan de Ayudas a los Medios de Comunicación

Durante los últimos dos años se han destruido más de tres mil empleos de periodistas en España y la tendencia para el próximo año sigue el mismo camino, con amenaza seria de desaparición de otros tantos empleos y deterioro de los restantes, sometidos a creciente precariedad y a peores condiciones.

Los empleos estables son cada día menos y sus condiciones peores, los empleos precarios son cada día más en número y más precarios en condiciones, y la situación de los colaboradores se deteriora hasta la burla. Hay menos trabajo y peor pagado, todo ello en un contexto de deterioro profesional, de pérdida de calidad y de credibilidad de los medios y de los periodistas según ponen de relieve todas las encuestas y otros datos oficiales.

A esta crisis, la respuesta empresarial no puede ser el mero ajuste de costes, más precariedad, menos calidad del empleo y poca creatividad, ausencia de soluciones ambiciosas, poca participación y ninguna siembra de ilusión ni de llamada a la participación de los periodistas, cada día más arrinconados y menospreciados en las redacciones, lo cual forma parte del problema.

Por la labor social que desarrollan los medios de comunicación, la Administración Pública española no puede permanecer al margen de la situación del sector, ni seguir amparando con ayudas públicas aquellas prácticas de editores y empresas de comunicación contrarias a los principios éticos y deontológicos de la profesión.
Esta situación requiere un cambio profundo, una mayor cooperación de todos los implicados, por lo que la FAPE, recogiendo el sentir de las asociaciones federadas, de sus asociaciones sectoriales vinculadas y de los propios periodistas asociados, solicita un Plan de Ayudas a la reestructuración de un sector que es esencial para garantizar la calidad de la democracia y el futuro de la sociedad española.

ANTECEDENTES
La FAPE  defiende la concesión limitada de ayudas a los medios de comunicación, pero no puede secundar la financiación pública de los medios privados de forma arbitraria, partidistas e interesa, como se constata en la actualidad, de acuerdo a prácticas perniciosas extendidas en todas las administraciones y empresas públicas, ya sean estatales, regionales o locales:

-Ayudas a cambio de publirreportajes encubiertos: las instituciones firman convenios  por los cuales otorgan una cantidad de dinero a cambio de informaciones favorables,  lo que constituye propaganda política disfrazada de información, conculcando todos los principios de deontología profesional y de transparencia que debe imperar en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas.

-Inversiones publicitarias públicas sin criterios objetivos ni seguimiento en su resultado (Campañas de inversiones publicitarias para dar a conocer realizaciones  en infraestructuras, proyectos educativos, medioambientales,  sanitarios, fomento de lenguas vernáculas,  etc..), sin valorar la tirada, penetración, difusión, distribución territorial o situación empresarial de los medios en los que se insertan estas campañas, contratadas sin atenerse a la normativa legal vigente.

-Apoyo económico a nuevas cabeceras ligadas empresarialmente a las tradicionales, casi siempre bajo la modalidad de gratuitos, con escasa incidencia en el mercado y que nacen exclusivamente para recibir subvenciones, ayudas e inversiones publicitarias.

-Subvenciones directas, sin convocatorias públicas, a fundaciones o entidades ligadas a medios de comunicación para la celebración de todo tipo de actividades no directamente relacionadas con la comunicación y cuyo fin es financiar indirectamente a los medios de comunicación, a cambio de un trato de favor.

-Compra masiva de tiradas con destino incierto, que, en la mayoría de los casos, no tienen destinatario.

-Inexistencia de una Ley que regule, claramente, el sistema de inserciones publicitarias con arreglo a criterios objetivos y las ayudas a los medios de comunicación mediante convocatorias públicas.

-Constatación fehaciente de la existencia de criterios políticos y partidistas en la contratación de publicidad y concesión de ayudas a los medios de comunicación por parte de las administraciones y empresas públicas.

-Falta de un compromiso firme y profesional de los propios medios de comunicación en la aceptación de publicidad, publirreportajes y ayudas públicas de todo tipo sin someterla a criterios marcados en los códigos éticos de la profesión periodística.

PROPUESTAS PARA UN PLAN DE AYUDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1º.- Cualquier Plan de Ayudas  debe incorporar como compromiso esencial la defensa del trabajo, de empleos con calidad y dignidad profesional. Plan de ayudas y rescisiones de contratos de trabajo no pueden ser compatibles. Las ayudas deben tener como objetivo y condición necesaria el mantenimiento del nivel de empleo y de la calidad profesional.

2º.- Establecer un Plan de Ayudas públicas en forma de créditos, de aplazamiento de cuotas sociales, de apoyo a la difusión y a la formación para reestructurar el sector, con arreglo a criterios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que debe exigirse a las administraciones publicas y con compromisos claros de todos los implicados, incluidos los editores, teniendo como contrapartida el compromiso de editores y periodistas con la autorregulación profesional, la defensa de la independencia, la autonomía y profesionalidad de los medios en base a una deontología digna, decente, que recupere las reglas del oficio y los fundamentos del periodismo profesional.
3º.- Eliminar los convenios que actualmente se firman entre las administraciones y/ o empresas públicas y empresas de comunicación con criterios arbitrarios y no sometidos a la normativa legal vigente en materia de publicidad y patrocinio.

4º.- Las ayudas públicas a los medios de comunicación deben otorgarse para un fin cuantificable, que responda a criterios establecidos por Ley: proyectos para la mejora de la producción, mejoras tecnológicas, cualificación del personal, mantenimiento del empleo, salida de una crisis extrema, respetando siempre los criterios citados de transparencia, publicidad y libre concurrencia.

5º.- Los criterios de inserción de publicidad institucional deben regularse, por Ley, atendiendo a criterios de tirada, penetración, difusión, cobertura territorial, situación laboral y financiera de la empresa y con arreglo a los criterios que rigen la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Publicidad y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que son incumplidas sistemáticamente por las propias administraciones estatal, autonómicas y locales.

6º.- Denegación de ayudas públicas a medios que inserten publicidad pornográfica, los llamados anuncios de relax que han proliferado en los últimos años en la prensa española.

7º.- Creación de un organismos público, autónomo,  compuesto por  las organizaciones profesionales de periodistas y representantes del sector, editores, publicistas y consumidores, que tenga por finalidad emitir informes vinculantes para la Administración Pública ante posibles denuncias de uso indebido de la publicidad institucional.