La APS reitera que con su detención se vulneró el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a una información veraz
Mañana viernes, a las 9.00 horas, en el juzgado de lo penal número 10 de Sevilla, en la Buharia, tendrá lugar la segunda sesión del juicio contra Ana García, operadora de cámara de LaSexta, que fue detenida, el 24 de noviembre de 2012, cuando grababa para los informativos de su cadena de televisión una protesta por un desahucio y la ocupación de un inmueble. El fiscal le acusa de un delito de desobediencia a la autoridad, al haberse negado a entregar su cámara, por el que le pide una condena de nueve meses de prisión, y de otro delito de daños, por el que solicita una multa de 109 euros por daños en un vehículo policial y otra de 12 cuotas de 10 euros cada una o, en su defecto, un día de cárcel por cada dos cuotas impagadas. Su detención, hace ya casi tres años y medio, provocó la protesta unánime de toda la profesión periodística, que protagonizó numerosas acciones a favor de Ana García.

La Asociación de la Prensa de Sevilla insiste en que, con la detención de Ana García, se vulneró de manera inaceptable y peligrosa el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Este mismo argumento fue defendido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).
Directivos de la APS y del SPA mantuvieron entonces una reunión con representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía en la que exigieron la inmediata retirada de los cargos, que se le devolviera la cámara y el material grabado que le fueron requisados y que se diera una explicación oficial de los motivos de su detención y del trato recibido durante las horas que permaneció en dependencias policiales. Los portavoces de la Delegación del Gobierno se limitaron a decir que el caso estaba en vía judicial. La presidenta de la FAPE también mantuvo contactos en idéntico sentido con miembros del Ministerio del Interior.
En otro ámbito, diputados del PSOE y de Izquierda Unida pidieron explicaciones públicas en el Congreso al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y el pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción aprobó una moción de apoyo a la operadora de cámara.
Periodistas de Sevilla protagonizaron una concentración de apoyo a Ana García ante los juzgados y, dos meses después de su detención, la Asociación de la Prensa de Sevilla entregó en la Delegación del Gobierno en Andalucía un escrito con las firmas de 1.610 personas, en su inmensa mayoría profesionales del periodismo, en el que se pedía la retirada de los cargos que se le imputaban a Ana García y en el que se consideraba que se había vulnerado el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz.
La Asociación de la Prensa de Sevilla defiende la libertad de expresión e información, como recoge el artículo 20 de la Constitución Española; una libertad de expresión e información cada vez más amenazada y que es un derecho de todos los ciudadanos por el que debemos luchar cada día.