La solicitud se presentará mañana miércoles, 22 de julio, a las 10.00 horas, en el Registro del Defensor del Pueblo (Calle Zurbano, 42 de Madrid)

El Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía pretende desbordar las previsiones de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual y abrir, sin competencias para ello, la posibilidad de la gestión indirecta del servicio público audiovisual local, con el fin de privatizarlo sin respaldo constitucional para ello.

La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA) pide al Defensor del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad a los preceptos que plantea la Plataforma, para evitar un proceso de posibles “privatizaciones” de graves repercusiones para el servicio público audiovisual local y un precedente que puede extenderse al conjunto del Estado.

A pesar de que se han presentado otros Recursos de Inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía que modifica 21 leyes y seis decretos, ninguno de ellos ha reparado en la inconstitucionalidad que pretende abrir la posibilidad de la gestión indirecta del Servicio Público Audiovisual Local por parte de entidades privadas, circunstancia que no se encuentra amparada por la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. La reforma de la Junta Andalucía que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía aprobada por unanimidad en 2018, permite la emisión de publicidad, incluso la institucional, en emisoras sin título habilitante y exime de la obligación de tener instalaciones en el territorio de cobertura, entre otras modificaciones igualmente graves sobre las que se pide la intervención del Defensor del Pueblo.

La petición al Defensor del Pueblo solicita que se presente recurso contra preceptos que desde la PDCPA se considera que atentan a la gestión directa del servicio público audiovisual por parte de las Entidades Locales, como se ha venido prestando desde hace décadas. Esta circunstancia supone un claro movimiento privatizador, de concentración de medios, pérdida de pluralidad y puesta en riesgo de la producción y emisión de contenidos locales.

De no ser recurridos estos preceptos y no suspenderse cautelarmente la aplicación del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, se estaría dando un precedente de cambios normativos que afectan a la legislación estatal y susceptibles de aplicación en cualquier autonomía. La transferencia de la gestión del servicio público de la radio y televisión local a entidades privadas ajenas a la administración local exceden las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Telecomunicaciones e invade competencias estatales.

La PDCPA considera que el Decreto-Ley 2/2020 contiene disposiciones inconstitucionales, por intromisión en el ámbito de competencias de regulación y por no darse la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que requiere el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 110 para su aprobación.

Forman parte de la Plataforma 24 organizaciones representativas del sector audioviual y en su representación firman la solicitud de interposición por el Defensor del Pueblo de Recurso de Inconstitucionalidad:

• Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
• Asociación de Emisoras Munucipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV)
• Colefio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP)
• Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)
• Red de Medios Comunitarios (ReMC)
• Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL)
• Asociación de la Prensa de Cádiz
• Asociación de la Prensa de Huelva
• Asociación de la Prensa de Sevilla