Las 40 alegaciones se detallan en 24 argumentos generales a distintos aspectos del anteproyecto de Ley (APL) y se centran, principalmente, en la defensa de los medios públicos autonómicos y locales y los medios comunitarios. El APL recoge la opción de privatización de los medios públicos por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que, a juicio de la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), de la que forma parte la APS, supone una perversión en el sistema de acceso a las licencias teniendo en cuenta que el sector privado tiene su propia reserva de frecuencias, tanto en radio como en televisión, por lo que el acceso a través de licencias públicas sólo contribuye a una desregulación que va en detrimento de la ciudadanía. La prestación obliga a los medios de gestión pública a prestar un servicio público, una condición inexistente para los medios privados. Los medios audiovisuales son servicios de interés general, pero solo los públicos deben prestar un servicio público.

Las alegaciones también inciden en los derechos de las personas con discapacidades, políticas inclusivas, los negocios jurídicos con las licencias comerciales, las desconexiones para programación local en la radios locales bajo el paraguas de cadenas, así como limitar las opciones de que las televisiones locales puedan emitir en cadena al entender que ya existen frecuencias para ofrecer coberturas autonómicas. Asimismo, las alegaciones defienden el derecho de acceso de la sociedad civil a los medios públicos, un asunto totalmente olvidado en el APL.

Alegaciones presentadas al anteproyecto de la Ley Audiovisual