No, señor ministro, no

La Asociación de la Prensa de Sevilla expresa su absoluto y rotundo rechazo a la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de abrir un debate y una reflexión sobre la idea de imponer sanciones a los medios de comunicación que difundan informaciones sobre casos judiciales que estén bajo secreto sumarial. De seguir adelante esta iniciativa, luego matizada por el ministro, sería un atentado contra la ciudadanía y supondría un paso más en la actuación del Gobierno central por intentar limitar o acabar con la libertad de información de los periodistas y con la información veraz a la que constitucionalmente tienen derecho los ciudadanos. Cuando el próximo día 3 de mayo conmemoramos un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa, afirmamos que, hoy por hoy, la libertad de información en España está más amenazada que nunca en democracia. Lo planteado por el ministro no es un tradicional “globo sonda”, sino un intento más del Gobierno de implantar medidas de censura y que van camino de trasladarnos a la situación vivida durante la dictadura. La sanción a los medios de comunicación ya fue contemplada en 2013 por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando era secretario de Estado del mismo ministerio su actual titular, Rafael Catalá. La reacción contraria de la opinión pública llevó entonces al Gobierno a guardar un proyecto que ahora, “sin querer”, pretende reactivar.

Ante la posibilidad de esta medida, desde la Asociación de la Prensa de Sevilla le decimos a Catalá: No, señor ministro, no. No se puede salvaguardar el derecho constitucional a la presunción de inocencia eliminando el también derecho constitucional a la libertad de información. El mal nunca puede estar en que el ciudadano sepa que alguien ha cometido un presunto delito. El mal está en que alguien haya cometido ese presunto delito. Que partidos o gobiernos estén afectados por presuntos graves delitos no se soluciona matando al mensajero ni eliminando el derecho a una información veraz, derecho irrenunciable en democracia. Si lo que se quiere evitar es que un medio de comunicación o un periodista actúen sin veracidad, honestidad y sin ética, para eso están los tribunales de justicia.

El debate y la reflexión que propone el ministro se suman a la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la popular “ley mordaza”. Se suma al asfixiante control, censura y manipulación en medios públicos, caso de RTVE. También al control de los medios privados, aprovechando la crisis económica y la extrema consiguiente precariedad laboral de los periodistas. Todo ello supone un ataque directo a la profesión periodística y, sobre todo, a los ciudadanos, a los que institucionalmente se les pretende hurtar la información veraz a la que tienen derecho.

No, ministro, no lo conseguirá. Enfrente encontrará a las organizaciones representativas de los profesionales de la información y a la sociedad en su conjunto.