La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) propusieron a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la imposición de bloques de información electoral a las televisiones privadas, con reparto proporcional de los tiempos de los partidos conforme a los votos de los comicios anteriores, a la que obliga el artículo 66.2 de la nueva Ley Electoral, de 28 de enero.

La presidenta de la FAPE, Elsa González, el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, y el vicepresidente de FAPE, Nemesio Rodríguez, se reunieron hoy con Cava de Llano en la sede del Defensor del Pueblo para entregarle la documentación en la que sustentan la solicitud de inconstitucionalidad.

La delegación de los periodistas expuso los argumentos en que basan su solicitud y que se sostienen en un informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE de diciembre de 2010 (archivo adjunto) y que señala que los medios privados, por su interés económico general, “no tienen función de servicio público esencial” y por tanto “no se les puede exigir la gratuidad de estas emisiones electorales lo que, en todo caso, vulneraría el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información”.

La FAPE y la APM entienden que este intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias constituye un grave atropello profesional. Las organizaciones profesionales interpretan esta reforma como un claro empeño de anular la profesión periodística, que ya es lo suficientemente vilipendiada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la obligación de conectar con la señal oficial del partido político de turno.

Los directores de Servicios Informativos respaldan la posición de la FAPE y la APM. Responsables de los Informativos de 16 cadenas públicas y privadas, consultados por la APM, consideran pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad contra los bloques electorales.

En este sentido, la Defensora del Pueblo se comprometió a examinar “con mucha atención” la propuesta, que “no es un tema fácil”, según confió a los presentes, dado que la citada reforma legislativa fue aprobada con un amplio consenso parlamentario.