El PP escenifica la mordaza que impone la reforma de la Ley Electoral, aprobada por los partidos mayoritarios

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado la denuncia presentada por el PP de Valencia contra cuatro cadenas de televisión por entender que va contra el ejercicio del periodismo libre y ha insistido una vez más en que la imposición de bloques electorales televisivos invalidan el papel informativo del periodista, suponiendo un auténtico atropello profesional al convertir a las juntas electorales en los consejos editoriales de los medios de comunicación.

RTVE, Tele 5, Cuatro y La Sexta, las cuatro cadenas denunciadas, emitieron informaciones relacionadas con el número de implicados, acusados e imputados en casos de corrupción en las listas encabezadas por Francisco Camps, en la Comunidad de Valencia, entendiendo que existía interés informativo.

Sin embargo, en su denuncia, el PP sostiene ante la Junta Electoral que las televisiones vulneraron al hacer esas informaciones periodísticas el artículo 62.2 de la Ley Electoral General y la instrucción, modificada el pasado 24 de marzo de la propia Junta, sobre la interpretación del principio de neutralidad informativa. La FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid han recurrido a la institución del Defensor del Pueblo para que esta reforma sea llevada al Tribunal Constitucional, por considerar que queda fuera del espíritu democrático de la Carta Magna y se inmiscuye en la gestión profesional de los medios privados.

Con esta denuncia, el PP valenciano escenifica la mordaza que supone para el ejercicio del periodismo la reforma de la Ley Electoral, que sacaron adelante los partidos mayoritarios, con un amplio consenso, que también se enfrenta a la reciente Ley Audiovisual, según el informe emitido por la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, que ha advertido de un posible perjuicio del artículo 20 de la Constitución.

Como ha venido insistiendo en sus últimas declaraciones e intervenciones públicas, la FAPE entiende que este intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias constituye un grave atropello profesional.

Como indica el «Manifiesto de Pamplona», aprobado el pasado 10 de abril por la Asamblea de la FAPE, se reitera el rechazo a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que condiciona la capacidad y autonomía de las televisiones privadas para difundir la información política durante las campañas.

Esta reforma reduce el derecho constitucional de los ciudadanos a la información veraz, que se sustituye por propaganda, e imposibilita el libre ejercicio del periodismo en televisiones y emisoras públicas y privadas. También se rechaza la censura a la que pueda dar lugar esta reforma electoral.

Además, la federación que agrupa a los periodistas españoles interpreta esta reforma como un claro empeño de anular la profesión periodística, que ya es lo suficientemente vilipendiada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la señal única del partido político de turno, impidiendo la presencia de las cámaras de televisión.