La Asociación de la Prensa de Sevilla exige al Delegado del Gobierno en Andalucía que tome las medidas necesarias para aclarar y depurar responsabilidades de los hechos ocurridos, en la madrugada del pasado día 1 de marzo, en Cádiz, cuando un ciudadano, Natanael Bello, periodista y miembro de esta organización profesional, fue detenido tras serle requerida su documentación, mientras se encontraba ante el monumento a la Constitución de 1978 que se alza frente a las Puertas de Tierra.

El compañero, que no aportó con la suficiente diligencia su documento nacional de identidad, fue reducido por cuatro efectivos de la policía, introducido a la fuerza en el vehículo policial –causándole diferentes lesiones en el pómulo derecho y en el costado izquierdo, como confirman los dos partes médicos de lesión por agresión- y trasladado a comisaría, permaneciendo en los calabozos, incomunicado, durante más de cinco horas. El desencadenante de esta situación, según el propio afectado, pudo ser el hecho de que él mismo le solicitara al policía que también se identificara en el transcurso previo a la detención.

Cabe destacar que nuestro compañero padece una afección cardiaca que puso en conocimiento de los agentes sin que estos avisaran a los servicios de urgencias y sin que un médico se personara en los calabozos, en los que se encontraba detenido desde las 5.30 horas, hasta las 11.00 de la mañana, tras numerosos requerimientos por su parte de la necesidad de ser atendido por personal sanitario. Posteriormente, el afectado fue trasladado al Hospital Puerta del Mar, donde certificaron la inflamación del pómulo, así como taquicardia y ansiedad. El compañero quedó en libertad con cargos por desobediencia grave.

Natanael Bello, por su parte, ha presentado una denuncia por estos hechos en el Juzgado de Instrucción nº4 de Cádiz y ha pedido, como prueba de su versión, que se comprueben las imágenes que debieron captar las cámaras de seguridad de distintas entidades de la zona.

La Asociación de la Prensa de Sevilla considera que actuaciones como estas, que parecen ser el prólogo de la inminente Ley de Seguridad Ciudadana, atentan gravemente contra los derechos de los ciudadanos, como constatan los hechos expuestos. La versión policial y la del compañero afectado coinciden en que la documentación le fue requerida simplemente por la sospecha o posibilidad de que fuera a cometer un delito.