Tras el desafortunado incidente ocurrido en la tarde de ayer en los Juzgados de Sevilla, la APS ha presentado la siguiente queja a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

«La Asociación de la Prensa de Sevilla muestra su protesta ante el trato que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, doña Mercedes Alaya Rodríguez, dispensó el pasado 20 de mayo a un periodista del diario La Razón que cubría la información sobre la causa de los ERE.

El incidente tuvo lugar sobre las 14.30 horas cuando la juez ordenó a la Guardia Civil retener el teléfono móvil de este redactor. El terminal estaba apagado y se estaba cargando en un enchufe próximo a la puerta del despacho de su señoría.

La magistrada interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado. Sin siquiera atender las explicaciones del periodista, la juez fue a buscar a un agente de la Guardia Civil, quien retuvo el móvil e invitó al periodista a que lo acompañara hasta el juzgado de guardia. En estas dependencias, una vez cargado el teléfono, el agente pudo verificar que no se había realizado ninguna grabación, tal y como se había afanado el periodista en ponerle de manifiesto.

Aun así, los datos del periodista y su DNI quedaron a disposición de la Guardia Civil, no se sabe con qué finalidad. Más sencillo hubiera sido y no se habría producido ningún incidente, si la magistrada se hubiera limitado a pedir al periodista que retirara el teléfono de ese lugar porque ella misma pudo ver, al haber tenido el celular en sus propias manos, que el dispositivo estaba apagado y con la batería completamente agotada.

El motivo de esta queja no es otro que el de poner en conocimiento de la ilustrísima Sala de Gobierno del TSJA esta desproporcionada reacción, cuando los periodistas lo único que intentan es hacer su trabajo con dignidad.

Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas.

SEVILLA, a 21 de mayo de 2014