El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes de la FAPE, el Foro de Organizaciones de Periodistas –del que forma parte la FeSP- y la patronal AEDE, quienes le han trasladado el malestar y la inquietud que ha provocado entre los profesionales de la información y los editores la polémica enmienda sobre las detenciones que han introducido el PP y CiU en el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los representantes de esas organizaciones consideran que, si la ley es aprobada con esa enmienda, se pondrá en peligro el derecho a la información de la ciudadanía porque los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podrán impedir a los periodistas que fotografíen o filmen a una persona cuando es detenida o trasladada, aunque se trate de un asunto de interés general, para preservar su derecho al honor, intimidad e imagen.
En esa reunión, el ministro aseguró que no es eso lo que se pretende con la polémica enmienda, sino que va dirigida a las autoridades judiciales,fiscales, de la policía judicial y penitenciarias y no a los medios de comunicación ni para entorpecer su trabajo. Por eso estudiarán una nueva redacción que garantice el equilibro entre los derechos del detenido y el derecho a la información.

Tras el encuentro con el ministro, la FAPE, el FOP y AEDE han difundido el siguiente comunicado:

El Ministerio de Justicia atiende las demandas de editores y periodistas y buscará un texto alternativo al artículo 520.1 de la LECrim.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atendiendo a las demandas de editores y periodistas, se ha comprometido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información.
Concretamente, con el voto favorable de los Grupos Popular y Catalán de Convergencia y Unió, se añadió al artículo 520.1. referido a las detenciones, que en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.
En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras «adoptar las medidas necesarias» han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.
Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han valorado la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias.
Por otra parte, en otro encuentro con representantes de las organizaciones de periodistas y editores, el portavoz del Grupo Socialista del Senado -donde se tramita en la actualidad el proyecto de ley-, Óscar López, mostró la disposición de su grupo a rechazar el texto del [al] artículo 520.1, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.
En la reunión con el ministro han participado la presidenta y el vicepresidente de la FAPE, Elsa González y Aurelio Martín, respectivamente; el director general y la directora general adjunta de AEDE, José Gabriel González e Irene Lanzaco, y, en representación del FOP, el coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.