El eterno debate sobre la necesidad de regular el derecho a la información en aras de proteger la independencia de la Justicia suma un nuevo capítulo. La cuarta edición de las Jornadas sobre la Justicia como fuente informativa, celebradas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, confirma el desacuerdo existente entre jursitas y periodistas en cuanto a la conveniencia de ampliar los límites legislativos a la libertad de información.

Los profesionales de la Justicia asistentes coincidieron en que existe un vacío legal que es necesario cubrir. Argumentan que, de lo contrario, cualquier persona podría verse afectada por los abusos de la libertad de expresión y acentúaron la urgencia de restringir el acceso a la información de los procesos judiciales porque temen que se ponga en riesgo la imparcialidad y la independencia de los tribunales.

Frente a esta postura, los profesionales de los medios de comunicación defendieron la transparencia de la Administración Pública y se opusieron a lo que podría convertirse en un recorte de libertades. Sin embargo, advirtieron de que los verdaderos enemigos de la libertad de expresión en la actualidad son las propias empresas informativas que se colocan bajo el yugo de la autocensura.

Manuel Rico, periodista del diario Público, aseguró que las garantías que proporciona la libertad de información a los profesionales son indispensables para el correcto ejercicio del periodismo y afirmó, entre otras cosas, que el derecho a verse amparado por el secreto profesional está en la base de la relación de un periodista con sus fuentes y no debe limitarse.

Acto seguido, Yolanda Palomo, secretaria federal de la FSP-UGT, mostró su preocupación por lo que considera una tendencia peligrosa: “Estamos en un momento en el que el miedo a expresarse parece que toma cuerpo y eso no es bueno. La libertad de información es un derecho fundamental para la democracia y es necesario que los profesionales puedan exponer sus ideas sin sentirse amenazados”.

Al hilo de este argumento, Alfonso Ojea, periodista de la cadena SER, aprovechó la ocasión para criticar la sentencia que condena a dos de sus compañeros. Asegura que lo más grave de este dictamen es la inhabilitación profesional con la que se pretende invalidar a los periodistas y denuncia que no se inicie una investigación de oficio para esclarecer el caso. «Sobre todo cuando se les imputa la responsabilidad de publicar una información que el juez reconoce veraz y de interés general», señaló el periodista quien avanzó que la emisora está dispuesta a «fatigar lo necesario» hasta obtener una «solución justa».