El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, y el presidente de la Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, Andrés García Maldonado, firmaron este jueves un protocolo de colaboración que pretende mejorar la calidad de la información judicial y las relaciones entre los medios de comunicación y los tribunales de justicia
Las tres instituciones eligieron esa fecha, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y el emplazamiento, el Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz), donde se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812 -que por primera vez en España establecía la libertad de expresión, de prensa y de imprenta-, para rubricar un documento en el que se consagra el papel trascendental que desempeñan los medios de comunicación como garantes del principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales.
Los firmantes de este protocolo, impulsado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, creen oportuno promover en estos días una reflexión sobre la necesidad de asegurar en cualquier circunstancia un contexto social y mediático que garantice la independencia e imparcialidad de los tribunales de Justicia, conciliando el derecho a difundir y recibir información judicial de interés general con el respeto a los derechos fundamentales de las personas implicadas en la acción de la justicia.
En su intervención, Andrés García Maldonado, Presidente de la Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, aseguró que la firma se convirtía en un acto histórico para los periodistas andaluces, porque era el primer acto público del Colegio Profesional de Periodistas desde que el pasado 25 de enero el Parlamento de Andalucía aprobó la ley que permite su creación. También resaltó la importancia del lugar donde se producía el acto -el mismo donde se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812 que recogía por primera vez el derecho a la libertad de expresión- y del contenido del acuerdo, de gran trascendencia para los informadores porque recoge aspectos de gran relevancia para un adecuado ejercicio de la profesión en matería jurídica.
Así, el documento establece cuatro grandes objetivos: satisfacer el principio constitucional de información y de publicidad de la justicia desde el rigor, la calidad y el respeto a otros derechos y libertades constitucionales; dar a conocer los principios y características del sistema judicial como poder independiente para la resolución de conflictos; y mejorar la imagen de la Justicia haciendo su función más transparente y accesible.
Por cuarto y último lugar se propone abrir un cauce de diálogo permanente que, desde el respeto absoluto a la legislación vigente y a la deontología periodística, contribuya a resolver las trabas que dificulten la necesaria relación entre los profesionales de la justicia y del periodismo y a prevenir la reiteración de los problemas observados en el cumplimiento de la misión de informar de los procesos judiciales.
La constatación por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía de prácticas contrarias a la ética periodística y el rigor informativo, el fomento de juicios paralelos y la vulneración de derechos fundamentales de los menores en el tratamiento mediático ofrecido por algunas televisiones del juicio por el caso Marta del Castillo, ha llevado al Consejo a promover este compromiso oficial por parte de los agentes implicados en la información de tribunales: periodistas y profesionales de la Administración de Justicia.
Compromisos: transparencia judicial y rigor periodístico
En el caso del TSJA, con la firma de este documento, manifiesta su voluntad de transparencia e información en los términos que las leyes establecen y se compromete a poner al alcance de los periodistas toda la información necesaria para que puedan realizar su trabajo con la máxima previsión y rigor posible. Su Gabinete de Comunicación será la herramienta fundamental para este cometido, y respetará los principios de transparencia e igualdad en cualquier información que facilite.
Además, y en virtud del principio de publicidad de la justicia, la Administración judicial garantizará el acceso igualitario de todos los medios informativos a actos institucionales y a las salas de vista, procurando ofrecerles unas adecuadas condiciones de trabajo. No obstante, y conscientes de que la presencia de cámaras de televisión y resto de medios, pueden perturbar el desarrollo de un proceso e incidir en el comportamiento de las personas implicadas, se elaborará una guía de buenas prácticas dirigidas a jueces y a periodistas que definan las condiciones de acceso a los recintos judiciales y a la información. En la actualidad no existe en España una norma que regule el uso y las condiciones de grabación en el interior de los recintos judiciales. 
Por su parte, los medios de comunicación, a través del Colegio Profesional de Periodistas, se comprometen a impulsar la adopción de códigos deontológicos que mejoren la calidad de la información sobre procesos judiciales y contribuyan a armonizar las libertades y derechos constitucionales en la obtención y tratamiento de la información. Entre esos derechos básicos se encuentra la presunción de inocencia, que debe prevalecer en todo el proceso hasta que se dicte sentencia.
El CAA elaborará y publicará un documento con recomendaciones generales que puedan ser de utilidad tanto a los periodistas como a los jueces durante el cumplimiento de la función de informar. También emitirá los informes y dictámenes pertinentes para garantizar que los medios de comunicación no fomenten los juicios paralelos y vigilen especialmente en la información que emitan el respeto de los derechos que asisten a las víctimas, los menores de edad y los testigos implicados en los procesos judiciales.
Una comisión tripartita vigilará el cumplimiento de este protocolo y lo adaptará, en su caso, a nuevas circunstancias y situaciones que pudieran sobrevenir.
Fuentes: Consejo Audiovisual de Andalucía y Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía