La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa será recibida mañana a las 11:30 horas, por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Los representantes de los periodistas sevillanos trasladarán al Defensor su preocupación por la situación que atraviesa  el ejercicio de la información periodística en Sevilla, al ser sus profesionales objeto reiterado de intimidaciones e injerencias por parte de políticos  municipales y colectivos sociales, que lesionan el derecho a la libertad de información y de expresión, y a las que, en la mayoría de los casos, el Ayuntamiento ha hecho oídos sordos.
La APS aportará a la Oficina del Defensor toda la documentación de que dispone sobre las más de 15 denuncias realizadas públicamente en relación con estas claras y manifiestas interferencias  que sólo persiguen cercenar la libertad de expresión y el derecho a la crítica periodística a través de la intimidación y el insulto hacia los profesionales de los medios de comunicación.
En el transcurso de la reunión, la directiva de la APS solicitará también la mediación del Defensor del Pueblo ante el Ayuntamiento de la ciudad, para  que se comprometa a cumplir  una propuesta hecha pública y entregada   en su día a la delegada de Cultura y presidenta de Giralda TV, Maribel Montaño. La propuesta incluye los siguientes puntos:
1.- Reconocimiento explícito de la importante labor de los periodistas para el desarrollo de la vida democrática de la ciudad.  
2.- Respeto absoluto de los políticos hacia esa labor y hacia los profesionales que la ejercen.
3.- Supresión y en su caso, rechazo y condena contundentes de los insultos, agresiones, vejaciones y menosprecios de cualquier tipo hacia los periodistas en el ejercicio de su función informativa.
4.- Recomendar a los Medios la máxima objetividad, ecuanimidad, pluralismo y respeto a la verdad en el tratamiento de la información, tal  como exige el código deontológico  y la buena praxis periodística.
5.-Mantener a los profesionales del periodismo al margen de las contiendas políticas  y de los enfrentamientos partidistas. En caso de conflictos y discrepancias sobre los contenidos informativos o las críticas periodísticas, recurrir a los procedimientos judiciales y organismos competentes previstos en nuestro Estado de Derecho.