España sigue sin tener una ley de acceso a la información pública

España es el único de país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esto supone que el Gobierno y las administraciones públicas no están obligadas a facilitar la  información necesaria para la toma de decisiones importantes en todo lo que afecta al desarrollo personal, social, económico, profesional y político.

La Asociación de la Prensa de Sevilla, consciente de que este déficit democrático es un grave obstáculo para el ejercicio del periodismo responsable y una barrera para la participación ciudadana, se dirige a las alcaldesas y los alcaldes de los ayuntamientos  de la provincia de Sevilla constituidos el sábado último para pedirles que inicien sin dilación alguna la tramitación de una ordenanza que permita el acceso de la ciudadanía a la información municipal y posibilite una absoluta transparencia de las cuentas públicas en la administración local, la más cercana al contribuyente.

Los nuevos ayuntamientos que, en muchos casos se han puesto en marcha con grupos de vecinos indignados a sus puertas, no deben escudarse en la ausencia de una ley estatal o autonómica que les obligue a la transparencia informativa, porque el artículo 105.b  de la Constitución garantiza el derecho de acceso a la información pública, pese a que no ha sido desarrollado por ninguna ley todavía.

Comprometerse con la transparencia y el acceso a la información municipal es dar un paso trascendental hacia una administración abierta, inclusiva y no excluyente, donde los vecinos recuperen la confianza en sus representantes.

El secretismo y la opacidad son las mejores  garantías de la impunidad y la corrupción. El llamamiento que hacemos a las corporaciones electas incluye a las mayorías con responsabilidades de gobierno y a  la oposición, porque el acceso a la información pública es un derecho constitucional y fundamental y no debe ser pospuesto por intereses partidistas.

La Asociación de la Prensa de Sevilla brinda a todas las corporaciones locales su colaboración desinteresada para que el derecho de acceso a la información municipal se concrete cuanto antes en una norma que lo convierta en una eficaz realidad.

Regular la transparencia administrativa no cuesta dinero, dinamiza la sociedad haciéndola más competitiva y es una simple cuestión de voluntad política. Para retrasarla tampoco vale el pretexto de la crisis y la falta de fondos para nuevas inversiones o gastos.