La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha resuelto revocar y dejar sin efecto los expedientes abiertos y las sanciones impuestas, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a los periodistas de Canal Sur Radio José Manuel de la Linde y Antonio Cattoni y el archivo de las actuaciones. Esta resolución, que fue notificada ayer a los interesados, ha sido adoptada atendiendo a errores formales, y no entra en la cuestión de fondo, que es la aplicación de la ‘Ley Mordaza’ a los periodistas, una ley que la Asociación de la Prensa de Sevilla rechaza y para la que pide insistentemente su derogación.

De la Linde y Cattoni fueron denunciados por un policía cuando, en noviembre de 2016, informaban, en directo, para Canal Sur Radio, del traslado del Gran Poder a la Catedral. Ambos fueron acusados de alteración del orden público. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla les abrió expedientes y, según la ‘Ley Mordaza’, consideró los hechos como graves y les impuso una multa de 601 euros a cada uno. Los periodistas nunca supieron que habían sido denunciados y conocieron que habían sido expedientados y sancionados en los primeros días de abril de este año.

Tras la protesta realizada por la Asociación de la Prensa de Sevilla, que rechazó y consideró inaceptables la actuación del policía, los expedientes y las multas y la aplicación de la ‘Ley Mordaza’ a los dos periodistas, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla procedió a revisar de oficio los procedimientos sancionadores. En la revisión ha constatado que había existido un error en los domicilios a los que habían dirigido las notificaciones a los afectados, por lo que precisa que “queda de manifiesto que se ha producido una clara indefensión de los interesados, por lo que se interesa la revocación de las resoluciones sancionadoras”.

La Asociación de la Prensa de Sevilla considera positivo el archivo de los expedientes y la correspondiente retirada de las multas, aunque sea por defectos de forma, que habían vulnerado los derechos de los dos compañeros, y no por la cuestión de fondo que es la aplicación de la ‘Ley Mordaza’, que constituye un atentado para el libre trabajo profesional de los periodistas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, en una reunión mantenida, esta mañana, con el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, y con la vicepresidenta segunda de la FAPE, Carolina Fernández, ha ratificado que se habían comprobado los claros errores de forma registrados en la tramitación de los expedientes, por lo que había procedido a firmar su revocación y archivo.

En el encuentro, en el que los representantes de la APS y de la FAPE han expresado al subdelegado su absoluto rechazo a la ‘Ley Mordaza’ por el daño que supone para la profesión periodística y para la ciudadanía en general, ambas partes han estudiado fórmulas para que los periodistas y los reporteros gráficos que cubren los desfiles procesionales fuera del periodo de Semana Santa no tengan problemas para desarrollar su trabajo en la calle. También han profundizado en la mejora de las relaciones en las labores cotidianas entre los profesionales de la información y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.