La Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP), en la Asamblea General que acaba de celebrar en Antequera, ha acordado denunciar la grave situación que sufren los periodistas de Andalucía. Sin empleo, con contratos precarios, sueldos pírricos, jornadas maratonianas y sometidos a una constante presión. Así viven los profesionales de los medios de comunicación andaluces.
Como recoge el Libro Negro del Periodismo en España, presentado por la Cátedra Unesco de Comunicación de Málaga hace unos días en Madrid, desde el inicio de la crisis se han perdido 5.000 puestos de trabajo en el sector, de los que 1.700 son periodistas. Una sangría que toca de lleno a Andalucía con cerca de 400 despidos y la mayor tasa de desempleo del país, fijada en el 20,5%. Los datos a nivel provincial sonrojan. Almería sufre un desempleo del 18,5%; Cádiz, el 24,9%; Córdoba, el 25,7%; Granada, el 19,7%; Huelva, el 19,5%; Jaén, el 15,1%; Málaga, el 21,7%; y Sevilla, el 17,9%. A pesar de la frescura del informe, las cifras son de 2010, y en lo que va de año los despidos han aumentado considerablemente, hasta el punto de que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que porcentualmente el periodismo es la profesión que más está sufriendo la crisis.
Por si fuera poco, las Administraciones Públicas -Ayuntamientos, Diputaciones y Junta de Andalucía- desprecian el trabajo del periodista profesional al negarles el acceso a la Función Pública por no contemplar la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo. Esta situación da lugar a que decenas de compañeros sean contratados como administrativos o como personal de confianza, cuando su trabajo real es el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa y que está al margen del color político del gobierno de turno. También queremos denunciar que la regeneración democrática y el cambio político dentro de la Administración están provocando el despido masivo de periodistas, sobre todo tras la celebración de las últimas elecciones.

Con este panorama la FAAP quiere hacer una llamada de atención tanto a los editores y gestores de los medios de comunicación, como a las distintas Administraciones Públicas, para que hagan un ejercicio de responsabilidad y acaben de una vez por todas con la destrucción de empleo y la precariedad en el mercado laboral periodístico. A las empresas les pedimos que apuesten por nuevos modelos de negocio y por la rentabilidad en formación y nuevas tecnologías. Y a las Administraciones que defiendan al periodista profesional e incluyan las plazas de periodistas en la Relación de Puestos de Trabajo como única vía para que los profesionales de la información no estén sujetos a los cambios políticos.