La Asociación de la Prensa de Sevilla no comparte la decisión de la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Andalucía de archivar la queja presentada por el trato dispensado por la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el pasado día 20 de mayo, a un periodista del diario La Razón que cubría la información sobre la causa de los ERE.

La resolución de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA dice: “Archivo, pues aunque, ciertamente, se debe extremar el juicio de proporcionalidad a la hora de adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, el incidente denunciado –de recogida de un móvil que estaba enchufado a la corriente en el pasillo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, junto a la puerta del despacho de la Ilma. Sra. Magistrada-, debe ser valorado en el contexto de las investigaciones en las causas penales cuya instrucción viene atribuida a la expresada Magistrada y donde se busca evitar filtraciones de lo en ellas actuado y decidido, por lo que esta Sala de Gobierno entiende que no debe reprocharse la actuación de la Magistrada, máxime cuando parece ser, en principio, que sugirió a la guardia civil que se trasladaran al Juzgado de Guardia para, en presencia del interesado, comprobar si se había efectuado alguna grabación conectada con las actuaciones judiciales, procediéndose de inmediato a la devolución del terminal telefónico”.

La APS, aunque respeta el fallo, cuestiona los argumentos y razonamientos de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA para no reprochar la actuación de la magistrada ya que en ellos prevalece la posibilidad imaginada por la juez de un supuesto delito de filtración sobre el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, a la vez que se pone en duda el trabajo riguroso y honesto del periodista y la libertad de información. Igualmente resulta extraño que la citada Comisión haya resuelto sin haber oído o sin haber tenido un contacto previo ni con el periodista afectado por el incidente ni con esta asociación, que interpuso la queja.

La Asociación de la Prensa de Sevilla, que respeta el trabajo de los jueces y que exige el mismo respeto para el trabajo de los periodistas, se reitera en su convencimiento de que, en este caso, la actuación de la magistrada fue una injerencia desproporcionada. La APS confía en que prevalezca el sentido común y en que incidentes de este tipo no se repitan.