La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, órgano impulsado desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pero con total autonomía en su funcionamiento, a hecho público un informe-resolución que, a través de once recomendaciones, tratará de paliar la presencia de niños desprotegidos en los medios de comunicación. Esta realidad, aseguran los expertos, “se ha agudizado aún más con el auge de la sociedad de la información y la comunicación”, ya que internet ofrece nuevas posibilidades a la profesión periodística y una mayor dificultad para proteger a los menores. 

La Comisión, que recuerda que la infancia y la juventud gozan de una especial protección que establece los límites claros, tanto deontológicos como normativos, a la libertad de información, ha elaborado unas pautas que pretenden adecuar el tratamiento informativo sobre los menores a la normativa internacional y nacional vigente sobre sus derechos y al propio Código Deontológico de la FAPE. Son las siguientes:

-Respetar el principio de universalidad de los derechos de los niños y niñas.

-Otorgar prioridad a la protección y al interés superior del menor en la toma de decisiones informativas.

-Vigilar la exactitud y contextualización de los contenidos de las noticias relacionadas con la infancia.

-Rechazar la vulneración de los derechos del menor que persigue obtener beneficios materiales.

-Proteger cuidadosamente la imagen y la identidad de los menores.

-Tratar con especial cuidado lo referente al consentimiento del menor o sus tutores legales.

-Comprobar de forma especialmente cuidadosa la fiabilidad de las fuentes.

-Hacer un uso correcto de la información proporcionada por los menores en las redes sociales y foros de internet.

-Garantizar el derecho a la participación de los niños en los medios de comunicación.

-Asumir el efecto educativo de la labor periodística.

-Asumir el principio de corresponsabilidad de los derechos humanos.

La Comisión concluye que, en un presente de constante renovación, cuando las leyes van un paso por detrás de las necesidades de la sociedad, la autorregulación profesional es más necesaria que nunca. En ese contexto, del tratamiento de los menores debe ajustarse a la normativa nacional e internacional vigente pero “sobre todo debe ser objeto de reflexión y análisis desde el punto de vista deontológico”.