21/12/2012
21/12/12

Los trabajadores de Telemadrid denuncian que se está vulnerando su derecho a huelga

El cartón anunciando la huelga en Telemadrid se vio interrumpido ayer en varias ocasiones por la emisión de programación enlatada. Fuentes del comité de empresa denuncian que la dirección está vulnerando su derecho de huelga, por lo que van a presentar una demanda directamente contra los gestores y pedirán medidas cautelares al juez para que dejen de emitir películas y programas grabados.

Los trabajadores de la televisión pública madrileña están celebrando una huelga indefinida, desde ayer, en señal de protesta contra el ERE presentado por la dirección y que dejará sin trabajo a 925 personas. Sin embargo, este paro no fue como los que se han celebrado a lo largo de diciembre en la autonómica, Telemadrid llegó a emitir un programa de cocina por la mañana, una película del Western por la tarde y ‘Tango y Cash’ en horario de prime time.

Fuentes del comité explican que la dirección ha cargado una lista de reproducción y emite programación enlatada en las horas en las que no está programado ningún programa en directo. Por su parte, fuentes cercanas a la cadena consultadas por prnoticias explican que «sin ir contra el derecho a huelga, a veces la programación grabada se puede emitir, porque el personal encargado de hacerlo haya decidido no secundar la huelga».

No obstante, los trabajadores de la autonómica entienden que sí vulneran su derecho a huelga. Por este motivo, van a presentar una demanda contra la dirección y pedirán medidas cautelares al juez para evitar que Telemadrid continúe con esta práctica. Además, aseguran que la demanda irá directamente contra las personas de la dirección, de manera que, en el caso de que exista una sentencia que lo condene, sean los gestores los que tengan que abonar la cantidad determinada por el juez y no los madrileños. Hay que recordar que la autonómica ya tiene varias sentencias por vulneración de este derecho, en concreto en marzo de 2011 se hizo público que Telemadrid debería abonar 100.006 euros por vulnerar este Derecho Constitucional.

Comunicación APS