La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) reitera su exigencia a las administraciones públicas para que el reparto de la publicidad institucional se atenga a la jurisprudencia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación es la audiencia medida de forma objetiva.

Tras la carta que le han remitido desde CTXT, Infolibre, El Salto, La Marea y Carne Cruda, en la que los cinco medios firmantes consideran que la FAPE “debería reclamar públicamente un reparto justo de los impuestos que pagan los y las madrileñas, así como el respeto a los más elementales preceptos de la libertad de prensa y la pluralidad de opinión”, la Federación recuerda que su última Asamblea General, celebrada en Lanzarote el pasado 15 de abril, ya aprobó una propuesta de resolución en este sentido.

La resolución, planteada por la Asociación de la Prensa de Sevilla, dice lo siguiente:

“A nadie escapa la difícil situación que atraviesan los medios de comunicación y, especialmente, el sector de la prensa, que sigue buscando un modelo de negocio que le permita su viabilidad y subsistencia. Según la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2022, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión han situado a España en el puesto 32 de este ranking, perdiendo tres puestos en relación con 2021.

Junto con los ingresos aportados por los lectores mediante el sistema de suscripción, la principal fuente de ingresos de los medios de comunicación es la publicidad. No obstante, en el contexto actual de crisis económica, en el que las partidas destinadas a publicidad por parte de compañías privadas de todos los sectores se han reducido de forma drástica, y la escasa inversión que realizan se está desplazando a otros soportes digitales (redes sociales fundamentalmente), es la publicidad institucional de las distintas administraciones (local, provincial, autonómica y nacional), la que sostiene a la mayoría de los medios, en muchos casos, otorgando estas ayudas discrecionalmente y sin criterios objetivables, y, lo que es más grave, sin publicar el reparto como marca la Ley de Transparencia. Un trato desigual en el reparto de la publicidad institucional entre medios que se encuentran en una situación equiparable constituye una discriminación prohibida por el artículo 14.1 de la Constitución Española, por lo que éste debe ser absolutamente ecuánime, justo y transparente con el objetivo de garantizar la pluralidad, fundamental para el buen funcionamiento de una democracia.

Por lo anteriormente expuesto, la FAPE acuerda:

Exigir a las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que, para el reparto de la publicidad institucional, se atenga a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio e internet) es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas.
Instar a las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales a que no contemplen en el reparto de estas ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos, o por promover informaciones falsas.
Demandar a las empresas periodísticas que exista una clara diferenciación entre lo que es información elaborada por los profesionales de la redacción, de otros contenidos netamente políticos que se presentan como información cuando realmente es propaganda institucional. Los usuarios han de ser capaces de reconocer visualmente aquellos contenidos que están consumiendo para preservar la credibilidad de las informaciones”.

La FAPE ha respondido en este sentido a la carta que le han remitido desde CTXT, Infolibre, El Salto, La Marea y Carne Cruda, que dice lo siguiente:

“Estimados señores,

Les escribimos esta carta ante lo que consideramos es una discriminación ideológica, un uso arbitrario de la publicidad institucional y del dinero público por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la legislatura, medios de comunicación con sede social en Madrid como La Marea, El Salto, infoLibre o CTXT no han recibido ni una sola inserción publicitaria por parte de estas dos administraciones a pesar de tener su sede en la región y de contar con una larga trayectoria y un considerable impacto, visitas diarias y tirada.

Por el contrario, tal y como hemos venido investigando y publicando en nuestros respectivos medios, el gobierno local de José Luis Martínez Almeida y el autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso han favorecido económicamente a medios de comunicación con similares audiencias y líneas editoriales afines al Partido Popular.

Asimismo, ambas administraciones reparten a dedo el presupuesto publicitario entre medios absolutamente minoritarios que, en ciertos casos, ni siquiera cuentan con presencia en redes sociales, redacción, trabajadores… Muchos de ellos tampoco ofrecen cifras de difusión de las campañas de publicidad, tal y como se puede corroborar en los documentos publicados por la Comunidad de Madrid en su portal de transparencia. Ante ello, es imposible verificar la difusión de los mismos y, por ende, comprobar si el presupuesto asociado se ajusta al número de visitas de estos medios.

Medios de comunicación como La Lupa, con apenas una veintena de seguidores en Twitter, o Noticiero Madrid, cuya web es técnica y jurídicamente deficiente, se han visto beneficiados por este reparto arbitrario del dinero público. El Debate, inaugurado el 1 de octubre, también ha acaparado parte del presupuesto en publicidad institucional en sus primeros meses de vida a pesar de la imposibilidad de obtener datos de difusión y alcance.

Otros medios relativamente nuevos y sin sede en Madrid han recibido varios contratos de publicidad, como el caso de El Liberal, con sede en Málaga.

Estos son solo cuatro de los casos que demuestran la utilización caprichosa, ideológica y totalmente discriminatoria de los recursos públicos por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para beneficiar a ciertos medios mientras se castiga a otros considerados críticos con ambas administraciones y el partido que las gobierna. Tanto es así que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, puso en duda el prestigio de La Marea y El Salto en abril del pasado año en un pleno en el que la oposición le pidió explicaciones por la financiación a medios afines, entre otros, algunos habituales en los desmentidos de los principales verificadores españoles.

Con esta información, creemos que queda evidenciado que ambas administraciones del Partido Popular utilizan las instituciones y la partida de publicidad institucional de manera arbitraria e ideológica, en la que los medios firmantes de esta carta son claramente excluidos y discriminados.

Ante esto, consideramos que la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE) debería reclamar públicamente un reparto justo de los impuestos que pagan los y las madrileñas, así como el respeto a los más elementales preceptos de la libertad de prensa y la pluralidad de opinión.

Esperamos una respuesta a esta carta. Reciban un cordial saludo,

CTXT, INFOLIBRE, EL SALTO, LA MAREA, CARNE CRUDA”