La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la primera asociación profesional de periodistas del país, ha enviado varias aportaciones, en el plazo abierto por el Ministerio de Educación y FP, en relación al proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, para mejorar el acceso de los periodistas al sistema educativo.

En el escrito se ha hecho constar que desde la FAPE, en representación de los periodistas docentes de las asociaciones federadas y de la profesión, en general, se reconoce y agradece al Ministerio de Educación que es un avance este nuevo proyecto y que viene a paliar una grave injusticia que estaba perjudicando a la profesión que, ante la situación de los medios de comunicación, encuentra en la educación una salida profesional en consonancia con su formación, reconociendo a los periodistas la posibilidad de impartir Lengua y Literatura en centros privados y concertados.

Ha sido notoria la participación de la FAPE para llegar hasta este punto, tanto desde la plataforma de periodistas profesores como de reuniones, a lo largo de estos últimos años, tanto con diversos gobiernos y representantes de los grupos políticos del Parlamento, por lo que no tenemos por menos que felicitarnos porque se pueda paliar lo que se consideraba como una injusticia.

No se podía comprender que, por un lado, una vez realizado el máster de acceso por Lengua y Literatura -al que se dirigía a los periodistas-, posteriormente, se les impidiera impartir clases en centros privados o concertados, aunque es cierto que la norma se ha venido aplicando de forma diferente en algunas comunidades autónomas.

Aunque era posible que estos profesionales se presentaran a las oposiciones para ser docentes de Lengua y Literatura, las condiciones de partida eran menos ventajosas que las de los egresados en Humanidades, titulaciones que sí puntuaban para la impartición de esas materias frente a las carreras de Ciencias Sociales, a las que pertenecen Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Además de solicitar la inclusión en este acuerdo de licenciados o graduados en Comunicación Audiovisual, teniendo en cuenta que en nuestro colectivo existen profesionales de ambas ramas con Máster de Acceso a la Educación (MAES) o CAP para impartir Lengua y Literatura, consideraríamos que manteniendo el texto como figura en el proyecto se deja fuera a muchos docentes, cuya base formativa tiene la misma carga lectiva en la materia.

Asimismo se solicita que, a la hora de regular las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros públicos, se sitúe al Periodismo y la Comunicación Audiovisual en las mismas condiciones en las que figura en este proyecto, teniendo en cuenta a la licenciatura o al grado como al resto, para tener acceso a bolsas de empleo de interinos y obtener méritos de cara a la oposición, ya que actualmente a estas licenciaturas o grados académicos no se les ha dado desde las autoridades académicas ningún valor.

Otras aportaciones están vinculadas a que se incluya dentro de la asignatura de Digitalización, al entender que la filosofía marcada por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO tiene una consideración más amplia, no solo técnica, como el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales.

Los periodistas tienen una larga experiencia en este campo, incluso llenando un hueco que no ofrece la enseñanza oficial en los centros públicos ya que, en varias comunidades autónomas, diversas asociaciones vienen impartiendo talleres gratuitos para los centros educativos, con financiación privada, enfocados a la alfabetización mediática, con una demanda creciente en todo lo relacionado con la desinformación, el buen uso de Internet, la violencia de género o el acoso escolar que se ejerce a través de la Red.

Otras aportaciones están vinculadas con la lengua extranjera y la prórroga de la actividad docente una vez aprobado el real decreto que, en algunos casos, entraría en vigor el próximo curso 2022-2023.