El Gobierno consultará a FAPE ante toda decisión relacionada con los medios de comunicación
• Mantendrán reuniones semestrales para diseñar una estrategia coordinada que haga frente a la crisis del sector
• El Estatuto del Periodista, las ayudas a la prensa, la Ley Audiovisual, el acceso a la información pública y la financiación de RTVE, entre los asuntos a debate entre FAPE y el Gobierno
• «El Ejecutivo no admitirá condiciones laborales indignas«, asevera María Teresa Fernández de la Vega en referencia a la última convocatoria de empleo de la agencia pública EFE
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) urgió ayer al Ejecutivo español a que actúe con celeridad y determinación contra los problemas sectoriales y coyunturales que están minando el periodismo en España.
En el marco de un encuentro con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la Junta Directiva de FAPE exhortó al Gobierno a que garantice la adopción urgente de medidas para proteger al periodismo frente la crisis y que el acusado descenso de la publicidad no repercuta en la pérdida de más puestos de trabajo.
En respuesta a esta demanda, la vicepresidenta se comprometió ante la presidenta de FAPE, Magis Iglesias, el secretario general de la Federación, Javier Arenas, y cinco de los miembros de su Junta Directiva, a informar y consultar a la FAPE antes de que el Gobierno adopte cualquier decisión que pueda afectar al sector. De este modo, los periodistas tendrán voz y voto en el diseño de perspectivas futuras.
El calendario de conversaciones fija una reunión semestral entre FAPE y la Vicepresidencia del Gobierno y una vía de comunicación directa y constante entre la Federación y la Subsecretaría de Presidencia.
Los temas capitales a analizar en el marco de esos encuentros pivotarán sobre la coyuntura económica y las ayudas públicas a los medios de comunicación en crisis, la financiación de Radio Televisión Española y las leyes del Audiovisual y de Acceso a la Información Pública, que el Gobierno prevé legislar en el plazo de un año.
En cuanto al Estatuto del Periodista, el Gobierno se comprometió a impulsar la aprobación en el Parlamento del texto que la FAPE redacte buscando el consenso del sector, según informó la vicepresidenta.
AYUDAS PÚBLICAS: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Ante la demanda de ayudas públicas, el Gobierno convino estudiar una partida específica de subvenciones y animó a los medios de comunicación, como industrias culturales que son, a concurrir a la nueva línea de financiación que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prepara a beneficio de autónomos y empresas. Con el mismo talante, el Ejecutivo abogó por inculcar el hábito de la prensa entre los más jóvenes mediante un plan de ayudas a la lectura a través de la educación.
También en referencia al segmento del papel, la vicepresidenta Fernández de la Vega confirmó a la Junta Directiva de FAPE que el Ministerio de Igualdad, dirigido por Bibiana Aído, trabaja ya en la búsqueda de soluciones tendentes a suprimir los anuncios de prostitución de los periódicos.
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO: 2.225 PERIODISTAS MENOS
La doble crisis que afectan los medios de comunicación (coyuntural o económico financiera y de modelo) lleva cobrados 2.225 puestos de trabajo, el 16% de los alrededor de 30.000 periodistas que ejercen en España. Las cifras proceden del Observatorio de la Crisis creado por FAPE en junio de 2008 para dar seguimiento al recorte de puestos de trabajo en esta industria. FAPE estima que podrían haberse producido otras 350 rescisiones de contrato aún no reflejadas en el registro y coincide con el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbajena, en el pronóstico de que crisis podría enviar a la calle a un total de 5.000 periodistas.
Haciéndose eco del sentir generalizado de sus 48 asociaciones federadas, FAPE también trasladó al Gobierno la intranquilidad del sector ante «las secuelas que la crisis dejará en la profesión».
«La democracia», insistió la presidenta de FAPE, «requiere una información fiable como un bien público. Esto implica que necesitamos gente y recursos para producirlo y ponerlo en circulación. El periodismo y sus profesionales deben ser protegidos y animados a desarrollarse».
A tal fin, FAPE mantendrá un próximo encuentro con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que exigirá a Celestino Corbacho que la Inspección de Trabajo extreme al máximo la vigilancia del cumplimiento de la legalidad en decisiones empresariales que afecten a los periodistas.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a impulsar, a iniciativa de la Asociación de la Prensa de Santiago (APSC), la candidatura de Santiago de Compostela a acoger el próximo Congreso de Periodistas Europeos en mayo de 2010, con motivo del Año Xacobeo. En la misma línea, Fernández de la Vega mostró su satisfacción porque Cádiz sea sede ese mismo año del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). La FIP es la más importante organización de periodistas del mundo pues agrupa a 600.000 profesionales de más de 120 países.
La vicepresidenta espera que de esos encuentros resulten propuestas efectivas que trasladar a sus socios comunitarios durante la Presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010.
NEGATIVA DEL GOBIERNO A CONDICIONES LABORALES INDIGNAS
En relación a la última convocatoria de la agencia EFE para autónomos dependientes, la vicepresidenta Fernández de la Vega aseveró ante la preocupación expresada por FAPE que el Gobierno «no consentirá condiciones laborales indignas en un medio público».
Durante un encuentro tenido la misma tarde de ayer entre la Junta Directiva de FAPE y la directiva de la agencia pública, el presidente de EFE, Álex Grijelmo, defendió la convocatoria, que sostuvo, es consecuencia de «la entrada en vigor de la LETA» (Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo), proceso en el dijo haber seguido las recomendaciones de la Abogacía del Estado para regularizar la situación de sus colaboradores. En presencia de la directora general de la agencia, Dolores Álvarez, y del jefe de Nacional, Javier Tovar, el presidente de EFE justificó la medida pues busca «dotar de derechos laborales» (bajas por maternidad y enfermedad, entre otros) a los autónomos dependientes. «La voluntad de EFE pasa por mantener la calidad de la información y el empleo de calidad», aseveró Grijelmo, quien garantizó que al menos durante el próximo año la agencia no acometerá recortes de plantilla. No obstante, la Junta Directiva de FAPE pidió plenas garantías a la agencia de que el modelo de colaborador a la pieza no irá en detrimento de la calidad exigible a cualquier producto informativo.